En el 2018, Panamá tendrá el mayor crecimiento económico en América Latina y el Caribe, así los dio a conocer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), desde Santiago de Chile. CEPAL estima que el país crecerá 5.5%; mientras que el 2017 cerró con 5.3%.

Este crecimiento, que según las proyecciones publicadas por el medio El Financiero de México, basado en estadísticas de la agencia Bloomberg, alcanzará el 5.6 por ciento este año, más del doble del promedio de la región y a su vez incrementará los ingresos tributarios y dejará al país con un déficit presupuestario equivalente a menos del 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

“Los fundamentos sólidos y estables del país lo convierten en un positivo caso en la región”, dijo Emilia Matei, analista de Standard Life Aberdeen, cuya sede está en Londres.
No es la primera vez que Panamá ha sido considerado un mejor crédito que todos sus pares más grandes, pero es algo raro, señaló la analista. 

La calificación ‘BBB’ que asigna Estándar & Poor a Panamá se encuentra a solo  cuatro escaños por debajo de la calificación ‘A+’ de Chile, con la posibilidad de que siga ascendiendo. 
La economía panameña “se mantendrá entre las más dinámicas de la región, con una inflación estable y baja deuda pública sostenible, un déficit de cuenta corriente cada vez más bajo y un sector financiero estable”, señaló en mayo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe sobre el país.

El ritmo de crecimiento sigue siendo bastante impresionante para los inversores internacionales, según Sean Newman, administrador de dinero sénior de Invesco, en Atlanta.
“Esto, junto con un menor riesgo político, un déficit en constante mejoría y menores necesidades de financiamiento en dólares, ha comprimido los diferenciales de Panamá en relación con sus pares”, dijo Newman. “No me sorprendería ver una mejora a la calificación soberana a ‘A’ en 2018”.

Durante la última década, Panamá ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en todo el mundo. 

Jorge Barakat Pitty, Ministro de Asuntos Marítimos y Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, expresó que ha este crecimiento de Panamá, se une la ley de financiamiento Naval   la cual tiene como objetivo crear un ambiente atractivo de inversión para que las entidades financieras, se instauren en Panamá y empiecen a realizar dichas actividades desde nuestro país. 

Esta Ley que comenzó  a regir el 29 de diciembre de 2017, crea un régimen legal especial para las operaciones de financiamiento del sector marítimo local e internacional y otorga incentivos fiscales, migratorios y laborales, para empresas que realicen operaciones de financiamiento marítimo y proyectos marítimos financiables, desde la República de Panamá.    

En este sentido, además de propiciar las condiciones para el otorgamiento de hipotecas navales desde Panamá, esta legislación  busca crear espacios de inversión para la creación de astilleros de construcción de grandes naves en nuestra nación, siendo esta una actividad que actualmente está dirigida principalmente a barcos de menor calado y que dada nuestra excelente posición geográfica es necesario empezar a desarrollar de forma exponencial. Esto se hace imperativo,  teniendo en cuenta que si para la construcción de un barco PANAMAX se deben emplear aproximadamente 5 años y es necesario contar con un promedio de 7.500 trabajadores de diferentes áreas, es fácil vislumbrar la cantidad de empleos que la promoción de esta nueva actividad puede crear en el país.  La Ley 50, una medida adoptada para promover nuestra eficiencia logística y apuntalar las bases del comercio marítimo nacional,  viene a potenciar el crecimiento del país por medio del empuje al sector bancario al igual que promover el asentamiento de actividades que favorecerán el desarrollo de  estructuras que sirvan para proyectarnos como una nación competitiva, frente a otros países que cuentan con legislaciones afines a la implementada. 

Panamá está bien posicionada para seguir avanzando hacia los objetivos de desarrollo del Banco Mundial, de acabar con la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida, gracias tanto las perspectivas de crecimiento como a la renovada atención del Gobierno a la inclusión.

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